Asesinato de los líderes sociales en Colombia.

   El "misterio" entre los asesinatos de líderes sociales de Colombia.

   Los asesinatos de líderes sociales no son acontecimientos recientes. Desde la época de Gaitán se veía la gran influencia que este tipo de personajes puede generar en el pueblo. Y también desde esta época se observaba la represión a las ideas que estos personajes difundían, ideas que suponían peligros para la hegemonía política colombiana. Acontecimientos como el asesinato del "caudillo del pueblo", Jorge Eliécer Gaitán, fueron los primeros síntomas de estos sucesos atroces que se están frecuentando cada vez más.

 Los líderes sociales  le dan el apoyo a los civiles vulnerables que el gobierno no aporta; rellenan las carencias sociales de las instituciones y defienden los derechos humanos en zonas olvidadas por el gobierno. De ahí la enorme preocupación que genera el asesinato masivo de estas figuras, no solo por la violación a la vida sino por el significado profundo que recae en estos: se está silenciando al pueblo, se está infundiendo miedo a los más vulnerables.

  Por esto la búsqueda de una explicación para estos crímenes es crucial para erradicarlos lo más pronto posible, y terminar con esta epidemia social tan grave. El hecho de que estos atentados contra la vida se hayan propagado mucho más rápido luego de la firma del Acuerdo de Paz, no puedes ser una casualidad. Estos líderes, en su mayoría, defendían y alegaban por los derechos de poblaciones víctimas del conflicto armado, ubicadas en terrenos inhóspitos de  muy difícil acceso para el gobierno. La Colombia escondida y reprimida por las guerrillas y paramilitares necesita el apoyo de personas, de líderes sociales que les muestren una salida de la desgracia. El Tratado de Paz con las Farc fue solo el principio de este proceso de finalización de abusos hacia las zonas rurales por parte de los grupos armados. Estos colectivos subversivos tienen como enemigos principales a los líderes sociales, que intentan darle un alto al miedo que han infundido las guerrillas en todas estas zonas.

  Los grupos armados aprovechan la carencia de seguridad en las zonas en donde se concentran los líderes y lideresas sociales; zonas como el Cauca rural, por ejemplo. ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno proteger estas zonas y a sus defensores de derechos? Una posible respuesta es  la poca trascendencia que se le dió a este asunto, ya que ingenuamente (o no) el Estado pudo ignorar que luego de la firma de los acuerdos de paz, siguiera la violencia y el abuso. Los criminales claramente saben quienes y por qué son sus víctimas; de ahí que una gran cantidad de líderes hayan sido asesinados en sus hogares. El asesinato de estos personajes en sus casas ajenas simboliza un estricto control y vigilancia por parte de los delincuentes; que se las ingenian para obtener información privada. Cuando estos atentados contra el derecho a la vida suceden en ambientes totalmente privados, es una muestra de que las fuerzas armadas subversivas no solo son efectivas y pueden obrar en el "monte". Además esto muestra la plena conciencia que las guerrillas y/o delincuentes tienen de la ineficacia en la seguridad de zonas alejadas y olvidadas por la capital, demostrando así que sí existe una sistematicidad en estos homicidios.

  También se debe aclarar que aunque una gran parte de los asesinatos todavía no tienen autores plenamente establecidos, la realidad es que independientemente del origen del homicida, los primeros beneficiados por estas acciones son los grupos armados. Caeríamos en error si le atribuyeramos todos estos crímenes a las guerrillas, por que no podemos estar totalmente seguros de la inocencia del gobierno, entidades públicas o privadas que se vean afectadas si el "negocio" de la guerra se termina.

  Los residuos de las FARC y los paramilitares son unos de los colectivos a los que se les acusa de más muertes de líderes sociales, un dato no muy sorpresivo si se tiene en cuenta la jerarquía que estos dos grupos armados tienen en el país. Lo que sí salta a la vista es ver en la lista de victimarios a las fuerzas públicas como la Policía y el Ejército; que revivieron la práctica de "falsos positivos" nuevamente, convirtiendo a civiles en miembros de grupos armados y negando estos sucesos. Claramente estos hechos no son aislados del todo, y sustentan la hipótesis de que el gobierno o alguna entidad estatal esté sumergida en esta controversia y problemática.

  Si bien las autoridades ya han reconocido la existencia de patrones y de sistematicidad, un  hecho que debería ayudar a prevenir estas violaciones a la vida; no se ha hecho una buena gestión en lo que se refiere a dar una protección adecuada a los líderes que hayan recibido amenazas de muerte. Es bastante preocupante que luego de casi 300 asesinatos de estos individuos defensores de derechos, factores como la presencia de cultivos ilícitos o la inexistencia del poder estatal en zonas aisladas sigan contribuyendo a los asesinatos de civiles. Estos dos factores propician el abuso de poder por parte de los grupos armados, y vulnerabilizan en una gran medida a las poblaciones cercanas; muchas de ellas con un gran número de líderes sociales que luchan en contra del narcotráfico y la violencia.

  Otra de las problemáticas que surgen entorno a estos homicidios es la ineficacia de Medicina Legal en la determinación del número exacto de muertes de líderes y lideresas sociales, lo que ratifica aún más la vulnerabilidad de estos territorios abandonados por el dominio del Estado. La situación ya debería estar resuelta por el Estado y las entidades de protección y seguridad de civiles, pero como antes se había expuesto, el gobierno ha ignorado la situación y no ha puesto este tema como una crisis de primer nivel para todo el país. Esto hace que los crímenes se sigan perpetrando, que los sicarios tengan una mayor facilidad de cometer los homicidios y quedar en libertad. Aunque se han hecho un gran número de investigaciones, como las que buscan determinar si las balas de estos asesinatos tienen un origen en común; éstas no resuelven ni terminan con la ráfaga de vulneraciones a la vida que se ha producido del año pasado a el día de hoy. Las instituciones de seguridad no pueden depender de resultados de investigaciones demoradas y muchas veces predecibles para actuar y terminar de una vez por todas con esta problemática.

  Cada líder social que sienta algún tipo de amenaza a su integridad física debería tener la posibilidad de recibir protección estatal especial; el Estado tendría que crear una "unidad para la protección y prevención de asesinatos civiles" sobretodo en zonas en donde residen los residuos del conflicto armado. El hecho de que las respuestas del gobierno colombiano a esta situación sean a una velocidad de caracol, puede tener varias razones. Como la historia colombiana ha demostrado a lo largo de los años, las instituciones estatales están llenas de corrupción y de intereses particulares que impiden el libre desarrollo del pueblo colombiano; hablando de una forma mucho más clara, no se puede descartar que el gobierno o entidades de éste sean los responsables o los autores intelectuales de algunos de los homicidios de líderes sociales.

  En países como Colombia se debe sospechar de todos en lo que se refiere a este tipo de problemas; y no es injustificado dudar del Estado ya que nos ha dado razones para hacerlo. Así como en el siglo pasado, individuos cercanos al gobierno decidieron sacar provecho del conflicto armado y el narcotráfico en los territorios de nuestro país, podrían estar repitiendo esa época oscura por la que Colombia pasó en este mismo instante. Es más, existe la posibilidad de que nunca haya desaparecido la relación Estado-paramilitares, y que por esto entidades corruptas estatales se sientan amenazadas por líderes sociales luego del Tratado de Paz y quieran acabar con sus sueños de un país totalmente libre de conflicto armado y violencia. Sin embargo estas son puras suposiciones; pero lo único cierto de esta problemática es que se están dejando familias en luto y más concretamente: se está dejando a la paz y democracia colombiana en luto.